Este cuatrienio hemos decidido otorgar un
reconocimiento a las peores medidas presentadas en la legislatura en lo que se
refiere a la conservación de los terrenos agrícolas en Puerto Rico. Nombramos el reconocimiento como el “Huevo Güero” pues éste, por lo general,
genera malestar.
Hemos decidido otorgar el “Huevo Güero” a
dos medidas que atentan contra la integridad de dos Reservas Agrícolas: la del
Valle de Lajas y la de Guanajibo. El
Presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado, Ramón Ruiz Nieves, es el autor del PS1055 y el representante Carlos Bianchi Angleró es el autor del
PC2213. Estas dos medidas, las cuales
fueron aprobadas y convertidas en ley una vez el Gobernador las firma son las
dos que más daño han ocasionado en términos de la protección de terrenos
agrícolas y del Plan de Uso de Terrenos.
Transcurrieron 12 años y tres administraciones de gobierno desde que se
aprueba la Ley 550 del 2004, ordenando un Plan de Uso de Terrenos hasta la
aprobación de dicho Plan. El PS1055 y elPC2213 fueron aprobados el 30 de junio de 2016; último día para aprobar
medidas. Resulta un acto desgraciado que
luego de que el Gobernador aprobara el Plan de Uso de Terrenos en noviembre del
2015, a poco menos de un año después, se desvirtúe dicha herramienta de
planificación dando paso a la planificación
por legislación. El Gobernador se
convierte simultáneamente en creador y verdugo del Plan de Uso de Terrenos. Los terrenos comprendidos en las Reservas de
Guanajibo y del Valle de Lajas son parte del Plan de Uso de Terrenos. Un Plan que prometía cierta estabilidad en
los procesos de planificación del país.
El efecto neto de estas medidas es reducir el tamaño de las Reservas y
por consiguiente una reducción en el número de cuerdas de terrenos agrícolas protegidos
en Puerto Rico.
Como parte de la Exposición de Motivos
del PC2213, se critica el efecto de la zonificación agrícola sobre la propiedad
privada aduciendo que se desvaloriza la
propiedad, que no se pueden “segregar
solares para propósitos sucesorales” y que las propiedades se ven sujetas a
“restricciones severas para realizar mejoras permanentes”. Es precisamente esta óptica la que hace
necesario establecer un Plan de Uso de Terrenos firme. Es a través de la segregación descontrolada
que hemos terminado viviendo en un Puerto Rico fragmentado habiendo perdido
cientos de miles de cuerdas agrícolas ante los intereses privados que favorecen
la libertad de especular con sus propiedades sobre el interés público de
conservar un recurso natural.
La acción
legislativa y del Gobernador representan un “golpe de estado” en contra del
Plan de Uso de Terrenos. Es
responsabilidad del Estado clasificar los terrenos, independientemente de si
son privados o no; lo mismo ocurre con las segregaciones. Esgrimir estos
argumentos es retroceder en los procesos de planificación. Recordemos que la Ley 550 es la que viabiliza
el Plan de Uso de Terrenos. Tanto en el
caso de Güanajibo como en el Valle de Lajas ya la Junta de Planificación y el
Departamento de Agricultura (luego de un proceso amplio de participación
pública) habían evaluado los terrenos que ahora se quieren excluir y los
clasificaron como agrícolas; utilizando criterios de planificación y no
criterios oportunistas que surgen en el contexto de la contienda política. Es bochornoso lo que ha ocurrido. En el caso del PS1055 la vergüenza es aún
mayor pues es el Presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado, el
autor de la medida. Es precisamente el
senador Ramón Ruiz Nieves, uno de los co-autores del PC4712 (2004); la medida que una
vez aprobada se convierte en la Ley 550 de 2004.
No podemos dejar de reconocer como
cómplices en este proceso al Presidente
de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Representantes, César Hernández
Alfonzo, quien facilitó la aprobación de ambas medidas, al Gobernador de Puerto Rico, quien al
parecer no sabía lo que firmaba ni las consecuencias de sus acciones, y
finalmente a todas y todos los
legisladores que votaron a favor de las medidas. Para todos ellos el Huevo Güero.
Hubo contendientes importantes para el “Huevo
Güero”, sin embargo ninguna de las medidas presentadas por ellos fue
aprobada. A continuación un resumen de
dichas medidas:
PS1417 (del senador Eduardo Bathia
Gautier), PC2496 (del representante Jaime R. Perelló Borrás) y el PS1159 (del
senador Angel R. Rosa Rodríguez) – todas intentan fusionar la Autoridad de
Tierras con la Administración de Terrenos – la primera tiene como principal
función facilitar terrenos a agricultores mientras que la segunda es un gestor
de bienes raíces. Las funciones son
incompatibles y amenazan la conservación de los terrenos agrícolas.
PC0721 – del representante Urayoán
Hernández Alvarado. Esta medida
contempla la posibilidad de que la Autoridad de Tierras ceda o transfiera
gratuitamente terrenos agrícolas.
RCC0560 – del representante Rafael
Hernández Montañez. La medida persigue
que la Autoridad de Tierras transfiera, al Municipio de Dorado, por un dólar,
cientos de cuerdas de terrenos agrícolas, clasificados como Suelo Rústico
Especialmente Protegido – Agrícola, pertenecientes a la Autoridad de
Tierras. Entendemos que la acción del
representante es pretensiosa y escandalosa.
Finalmente, en relación a los Programas de Gobierno de los aspirantes
a la gobernación de Puerto Rico, nos preocupa sobremanera lo establecido en la
página 33 del programa del Partido Nuevo
Progresista. En dicha página, bajo el
título de “Programa de Planificación Estratégica” aparece el siguiente texto:
“Crearemos el Programa de Planificación Estratégica con el fin de formular planes
a largo y mediano plazo relativos al ordenamiento espacial de la Isla. Revisaremos el Plan de Uso de Terrenos para
atemperarlo a los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios.” Este acercamiento a la planificación del
país es incorrecto. El Plan de Uso de
Terrenos tiene que tener, y por Ley lo tiene, prelación sobre Planes de
Ordenamiento Territorial Municipales. La
Isla no se puede planificar de manera fragmentada y esto requiere pensársela
como un todo. Vivimos en un territorio
interconectado. Desde esta perspectiva son
los municipios los que tienen que atemperar sus planes al Plan de Uso de
Terrenos.
