Este cuatrienio hemos decidido otorgar un reconocimiento a lo que entendemos es la peor medida presentada en la legislatura en lo que se refiere a la conservación de los terrenos agrícolas en Puerto Rico. Nombramos el reconocimiento como el “Huevo Güero” pues éste, por lo general, genera malestar.
Hemos decidido otorgar el “Huevo Güero” al senador Luis A. Berdiel Rivera por el Proyecto del Senado 1028 (PS1028) el cual se convirtió en la Ley 31 de 2020. El proyecto lleva por título lo siguiente:
Para designar con el nombre de “Corredor Agroturístico Jorge Alberto “George” Ferrer Asencio”, el tramo de la Carretera PR-305, desde la intersección con la Carretera PR-303, hasta su intersección con la Carretera PR-116, en jurisdicción del Municipio de Lajas, en honor a su trayectoria como agricultor y sus valiosas contribuciones a Puerto Rico; eximir tal designación de las disposiciones de la Sección 3 de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico”; y para otros finos relacionados.
Catalogar esta medida como una en contra de los terrenos agrícolas o de los agricultores requiere una explicación a fondo. El agricultor a quien se le reconoce con esta medida (convertida en ley) ha trabajado en el Valle de Lajas por más de 20 años pero sus contribuciones no son las que se manifiestan en la Exposición de Motivos. No reconocemos que haya impulsado la creación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, ni que “por años” fuese la “voz y la representación de los agricultores en el Valle de Lajas y pueblos limítrofes”. No conocemos de agricultores que hayan manifestado que se sienten representados por él. La organización del Frente Unido de Agricultores del Valle de Lajas, de la cual fue creador, no registra aportaciones en el Valle. Una búsqueda por internet de la organización arroja noticias en las que se menciona solo al agricultor involucrado en dos asuntos: la caza de monos y el interés para desarrollar la industria de carne de avestruz.
Ni el Frente Unido de Agricultores, ni Ferrer, aparecen haciendo aportaciones en proyectos importantes para la agricultura del Valle: ni en cuanto a la Resolución del Senado 2524 en el 2003 (sobre abastos de agua), ni en cuanto al Proyecto de la Cámara 2340 en el 2006 (sobre proyectos no-agrícolas en la Reserva), ni en cuanto a la Resolución Conjunta del Senado 0182 en el 2009 (sobre la propuesta de inundar los terrenos agrícolas de la antigua Laguna de Guánica). Ferrer sí ha ido comprando fincas agrícolas lo cual es testimonio del valor de esas tierras y también es anfitrión de la Feria Agrícola, sin embargo entendemos que esas dos acciones no ameritan este reconocimiento.
Este agricultor sí participó de una vista pública en relación al Proyecto del Senado 1055 del 2014 (que permite que el Municipio de Lajas someta ante la Junta de Planificación recomendaciones para excluir terrenos de la Reserva); ver https://sutra.oslpr.org/osl/esutra/MedidaReg.aspx?rid=22774. En su ponencia, esta persona, identificada en la Exposición de Motivos del proyecto (PS1028) como defensor de los terrenos agrícolas, manifestó lo siguiente: que la Reserva del Valle de Lajas consiste de 102,000 cuerdas (dato equivocado pues es de aproximadamente 40,000 cuerdas); que la visión que se tiene de la Reserva es de “un "Santuario" convirtiendo al pueblo de Lajas en un "museo" que se puede ver pero no tocar”; que la Reserva “se ha convertido en la "mayor pesadilla de los agricultores"”; y que la Reserva es un “fracaso”, “inoperante y sin futuro”. Estas son palabras de quien se dice en la medida que “la compra [de los terrenos agrícolas que ha adquirido]…lo hizo pensando siempre en preservar la agricultura y con el único propósito de que las mismas no fuesen vendidas y se perdiera la esencia”.
La persona a quien se le hace el reconocimiento en esta medida fue demandada por nuestra organización en enero del 2011 por violar el reglamento que aplica en la Reserva Agrícola; ver TPI ISCI 201100088. Esta demanda se inicia por el depósito de mogolla en alrededor de 10 cuerdas de terrenos agrícolas dentro de la Reserva Agrícola y en el lugar en donde se lleva a cabo la Feria Agrícola.
A fin de cuentas el Proyecto para excluir terrenos de la Reserva fue aprobado y poco después, el 25 de octubre de 2018, el acalde de Lajas somete a la Junta de Planificación una lista de fincas para ser excluídas de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Una de esas fincas es la que fue cubierta con piedra molida y en donde se lleva a cabo la Feria Agrícola. El agricultor reconocido realmente ha dado ejemplo de llevar a cabo prácticas no-agrícolas en terrenos agrícolas. Por todas estas razones entendemos que la medida es inmerecida.
No podemos dejar de reconocer como colaboradores en este proceso a todos los legisladores que votaron a favor de la medida (no hubo oposición) y a la gobernadora, quien con su firma la convierte en ley.
Comentarios Específicos:
En relación a medidas a favor de la protección de los terrenos agrícolas:
El PC0817, del representante Joel I. Franqui Atiles, es una medida que facilitó la ley para declarar el Valle de Añasco como Reserva Agrícola; Ley Núm. 71 del 2018. Previo a esta iniciativa, hubo varios intentos por declarar esta Reserva: en el cuatrienio pasado, en el 2013, el representante Ángel Muñoz Suárez presento el PC0699 que perseguía el mismo fin. La medida no fue recomendada para aprobación en el 2016. Esta medida no fue aprobada porque durante el proceso de consideración de la misma surgió información al respecto de que la Junta de Planificación conjuntamente con el Departamento de Agricultura trabajaban para establecer la Reserva. La Junta de Planificación adoptó la delimitación de dicha Reserva a principio del 2014. Nos parece un gran logro el contar con otra Reserva Agrícola en el país y registrada como ley.
Reconocemos el esfuerzo de tres legisladores quienes presentaron medidas para lograr la Reserva Agrícola de la Costa Norte. Estos legisladores con sus respectivas medidas fueron: el senador Juan M. Dalmau Ramírez (PS1063), el representante Denis Márquez Lebrón (PC1740) y el representante José E. Meléndez Ortiz (PC0384). Ninguna de estas medidas progresó. Repetimos un comentario que hicimos cuando evaluamos estas medidas: “Nos parece llamativo que a pesar de los endosos que obtuvo la medida, la misma fue rechazada. Como manifestamos anteriormente, sospechamos que existen intereses económicos particulares (probablemente dueños de terrenos) que bloquean esta iniciativa.
Finalmente, en lo que concierne a las medidas a favor de la protección de los terrenos agrícolas, reconocemos al senador José Nadal Power con su medida PS0238 cuyo título es: Para adoptar la "Ley sobre Uso e Instalación de Equipos Solares Eléctricos" con el propósito de limitar y reglamentar el uso de los equipos que utilizan la energía solar en terrenos agrícolas.
En el 2020, los proyectos industriales de energía renovable, basados en placas fotovoltaicas, se han convertido en la mayor amenaza contra los terrenos agrícolas en Puerto Rico. Esta medida, nos parece que se anticipó a los peligros que se avecinaban pues buscaba prohibir la instalaciones industriales de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas y está bien expresada. Entendemos que esta es una de las medidas más importantes presentadas en el cuatrienio y que fue ignorada (tal vez a propósito) por la mayoría legislativa.
En relación a medidas destacadas:
Reconocemos al senador Luis A. Berdiel Rivera con el PS0032 que se convierte en la Ley Núm. 58 del 2017 - Para crear el Programa "Mujeres Agricultoras" adscrito al Departamento de Agricultura, con el fin de fomentar y desarrollar la participación de la mujer en el sector agrícola; y para otros fines relacionados.
De igual forma reconocemos al senador Ángel R. Martinez Santiago por el PS0815 el cual se convierte en la Ley Núm. 254 del 2018. El título de este proyecto es: Para ordenar a la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, o a su agencia sucesora, a determinar el valor agregado de la agricultura en la economía de Puerto Rico y a establecer en un informe desde el año fiscal 2018-2019 el valor agregado de la agricultura en las estadísticas económicas que generan para el beneficio de las entidades gubernamentales, privadas, sectores económicos y público en general, así como también los ajustes de las estadísticas de los otros sectores económicos que pudieran ser impactados con la determinación del valor agregado en la agricultura puertorriqueña.
Nos parece que este proyecto es un gran logro pues la manera en que se calcula la aportación del sector agrícola a la economía del país obvia las etapas previas y posteriores a la cosecha de los productos. Es importante reconocer que esta iniciativa se presentó en el pasado pero no se convirtió en ley. Iniciativas similares fueron recomendadas en cuatrienios pasados: la RCC0884 cuya finalidad era parecida en el 2013-2016; en el cuatrienio 2009-2012 con la RCS0064 y con la RCC0160; y en el cuatrienio 2005-2008 con la RCC0018.
Finalmente, destacamos cinco medidas cuyo propósito era investigar o actuar sobre asuntos relacionados a la operación de compañías de biotecnología (“semilleras”) en Puerto Rico: el senador Nelson V. Cruz Santiago con la RS0216, el senador Juan M. Dalmau con la RS0245, el representante Denis Márquez Lebrón con la RC0392, y el senador Cirilo Tirado Rivera con el PS0286 y con la RS0248.
De acuerdo al Informe Final Conjunto sobre la R. del S. 245:
“Estas empresas reciben simultáneamente trato preferencial contributivo y reglamentario considerándoseles agricultor bona-fide para efectos de los beneficios y subsidios agrícolas y empresas de innovación tecnológica para propósito de que no les aplique la disposición constitucional que prohíbe a las corporaciones utilizar más de 500 cuerdas de terreno. Como consecuencia de estos atributos se les exime de contribuciones municipales, cualifican para decretos de exención contributiva bajo la Ley 73-2008 y pueden recibir subsidios del Departamento de Agricultura.”
Obviamente existen contradicciones en el trato que el gobierno le ofrece a estas compañías y es importante continuar investigando y aclarando las contradicciones.
En relación a los Programas de Gobierno y de los aspirantes:
Luego de evaluar los distintos programas en lo que concierne al aspecto agrícola nos parece que la propuesta más débil es la presentada por el PNP. Proponen “crear un inventario de predios remanentes de terrenos públicos para destinarlos a usos agrícolas.” Esta medida se queda corta especialmente ante la amenaza que representan los proyectos de energía renovable en contra de los terrenos agrícolas. Por otro lado, en lo que concierne a la energía renovable plantean que cumplirán “con la meta de que el 40% de la generación de energía provenga de fuentes renovables para el 2025”; esto sin reconocer que los proyectos industriales propuestos hasta el momento amenazan miles de cuerdas de terrenos agrícolas.
Debemos dejar claro que nuestra organización no se opone a proyectos de energía renovable y que entendemos la necesidad de movernos, como pueblo, en esa dirección. Sin embargo, las placas solares deben estar ubicadas en los estacionamientos de centros comerciales, hospitalarios y de entretenimiento además de los techos de las residencias, las industrias y los comercios. Los terrenos agrícolas representan nuestro único recurso para la producción de alimentos y hay que defenderlos. Al presente el Negociado de Energía de Puerto Rico promueve 16 proyectos industriales de energía renovable en miles de cuerdas agrícolas a través de todo Puerto Rico.
Nos parece que los programas del PPD, PIP y del MVC atienden con profundidad los asuntos agrícolas. En el programa del PPD aparece el siguiente texto: “Nos comprometemos a mantener el desarrollo de proyectos de infraestructura en energía renovable fuera de los terrenos agrícolas del País, que se necesitan proteger para garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones.” El programa del PIP es detallado y el del MVC nos parece muy sensible también. Para acceder a los programas de partido o aspirantes pulsen sobre el enlace. Todas las organizaciones políticas tienen un programa en el cual se incluye información sobre la agricultura. En la página de Eliezer Molina hay unos vídeos identificados con lo agrícola o la agricultura pero no pudimos acceder a información que nos permitiera obtener una visión amplia de propuestas para lo agrícola.
Por último, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas recomienda que los electores voten por personas que sean verticales, transparentes, responsables, comprometidas con la agricultura y sin comprometerse al inversionismo político. No recomendamos votar por el aspirante a senador por distrito (en Ponce) Ramón Ruiz Nieves. En el cuatrienio pasado, mientras fue presidente de la Comisión de Agricultura, fue el proponente de una enmienda a la Ley 277 de 1999 – la que confirma la primera Reserva Agrícola en Puerto Rico, la del Valle de Lajas. La enmienda, que se convirtió en la Ley 135 del 2016, permite excluir terrenos agrícolas de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. En el caso del exsenador Ramoncito Ruiz su acción resulta gravemente contradictoria pues fue él uno de los autores de la legislación que dio paso al Plan de Uso de Terrenos para Puerto Rico (Ley 550 del 2004). Esta herramienta busca planificar de manera sustentable el desarrollo del País incluyendo la protección de los terrenos agrícolas. Con la iniciativa de Ramoncito, se comenzó a desvirtuar el Plan de Uso de Terrenos antes de que se cumpliera un año de aprobado. El gobernador García Padilla dijo al aprobar el Plan de Uso de Terrenos, que “si alguna vez como pueblo permitimos que el interés individual fuera sobre el interés colectivo, ese error histórico termina hoy”. Es una lástima que intereses ajenos a la agricultura hayan prevalecido en esos momentos.
